El contrato de servicios de seguridad y la responsabilidad por robo

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El contrato de arrendamiento de servicios de seguridad por conexión a una central de alarmas se califica por la Jurisprudencia como un contrato de medios, esto implica que se le exige a la compañía de seguridad desplegar la actividad pactada en el contrato con la diligencia propia de un profesional del sector en el que despliega su actividad –lex artis ad hoc–.

Al ser un contrato de servicios no se puede garantizas el resultado o fin perseguido por aquella prestación, esto es no es posible garantizar la no perpetración de robo ni  tampoco, la seguridad absoluta de los bienes protegidos si bien, a tenor del contenido del contrato pactado y a tenor del art. 1258 del Ccivil  que afirma que “Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, y desde entonces obligan, no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley”.

El contenido del contrato respecto al alcance del servicio que se presta es fundamental para que prospere la reclamación y la indemnización por incumplimiento contractual como consecuencia de errores de comunicación a la central receptora. Casi todas las sentencias  existentes a la fecha coinciden  en la responsabilidad si no se ha  transmitido señal alguna cuando se produjo el robo, por  actuar con un inhibidor que anuló la señal  a la central receptora. En otros casos tras destrozar los ladrones el panel de control, se suelen recibir señales desabotaje central, fallo de comunicación y fallo de algún detector y la falta de información concreta respecto de cuando no se puede verificar un salto de alarma, también considera la Jurisprudencia que existe un incumplimiento de las obligaciones asumidas que permite dar lugar a la indemnización de daños y perjuicios que se hayan ocasionado.

Finalmente, respecto a la cuantificación de la indemnización es necesario tener en cuenta que hay que probar la relación de causa efecto entre el incumplimiento y el daño o perjuicio, de modo que éste sea consecuencia de aquél.  Es la denominada imputación objetiva de los daños; en este sentido la sentencia del Tribunal Supremo de 29 de marzo de 2006 indica: “La llamada imputación objetiva es el juicio de valoración mediante el cual debe determinarse si el resultado dañoso producido es objetivamente atribuible a la recurrente como consecuencia de su conducta o actividad en función del alcance de las obligaciones contractuales correspondientes a la misma, del incumplimiento de sus deberes en el marco extracontractual y de la previsibilidad del resultado dañoso con arreglo a las reglas de la experiencia, entre otros cánones de imputabilidad, como los relacionados con la obligación de soportar los riesgos normales de la vida y los derivados de la propia conducta o de la de aquellas personas de quien se debe responder.

Imputación de rentas para el IRPF del 2015

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En la próxima declaración del IRPF cuyo plazo de presentación se realizará en los meses de abril, mayo y junio hay una modificación introducida por la nueva ley que entró en vigor el día uno de enero de 2015 y que no ha tenido una repercusión adecuada en base a la obligatoriedad de presentar dicha declaración para aquellos que no venían haciéndolo hasta 2014.

Hay que recordar que están obligados a declarar, uno de los supuestos, aquellos para los que la suma de las imputaciones inmobiliarias, rendimientos de Letras del Tesoro y subvenciones para compra de viviendas protegidas supera los 1.000 euros.

Hasta 2014 los propietarios de inmuebles utilizados como segunda residencia debían imputarse el 1,1 % de su valor catastral o el 2 % si el mismo no se había revisado desde 1994. A partir de 2015 para poderse aplicar el 1,1 % el valor catastral debe haberse revisado en los diez últimos años o sea, de 2005 en adelante. De lo contrario la imputación inmobiliaria se calculará sobre el 2 % del valor catastral.

De esta forma, aquellos que cumplan con el resto de supuestos que no les obligan a declarar, pero tengan a disposición una segunda vivienda cuyo valor catastral no haya sido revisado en los últimos diez años, pasarán a tener que presentar la correspondiente declaración anual del IRPF.

Quiere decir, que esa segunda vivienda no ha de tener un valor catastral superior a 50.000 € (50.000 x 2 % = 1.000,00) para no vernos en la obligación de realizar la correspondiente declaración mencionada. 

Esto va a llevar a tener que declarar a personas que antes no lo hacían por no sobrepasar el resto de supuestos que obligan a declarar como son ingresos por rendimientos del trabajo o por rendimientos del capital mobiliario, por mencionar los más comunes.

Ayudas familiares IRPF: ampliación plazo

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El plazo para cobrar las ayudas para familias numerosas y con discapacitados tendrán un mes más para solicitar el cobro anticipado de dichas ayudas desde el mes de enero.  Acabó el 28 de febrero, pero Hacienda ha decidido ampliarlo hasta el 31 de marzo de forma que se cobrarán enero, febrero y marzo de manera conjunta y a partir de ahí, la percibirán a mes vencido.

Quienes soliciten el cobro anticipado posteriormente al 31 de marzo la recibirán por los meses a partir del momento en que lo pidan pero no desde el mes de enero.

No solicitar el cobro anticipado conlleva esperar a la declaración de la renta de 2015 para practicar la deducción de manera conjunta. 

Se han ampliado a familias monoparentales con, al menos, dos hijos y a los pensionistas o parados con prestación por desempleo que tengan a su cargo una familia numerosa o personas con discapacidad. Para estos nuevos colectivos, el plazo de solicitud del cobro anticipado comenzó el pasado 9 de marzo.